El fiscal Gerardo Pollicita le formuló un cuestionario con 20 preguntas sobre operaciones financieras, inversiones en criptomonedas y bienes. Su defensa solicitó suspender el requerimiento hasta acceder a la totalidad de la causa.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario Manuel Adorni ingresó en una etapa decisiva ante el vencimiento del plazo de 15 días otorgado por la fiscalía para presentar explicaciones sobre su evolución patrimonial. A través de su abogado defensor, Matías Ledesma, el exjefe de Gabinete solicitó la suspensión de la medida argumentando que aún existen elementos del expediente a los cuales no se le permitió acceder, puntualmente registros vinculados a las obras realizadas en una vivienda particular y comunicaciones con el contratista involucrado.
El requerimiento original, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, se apoya en un minucioso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) que detectó diversas «inconsistencias» en la comparación de ingresos lícitos, declaraciones juradas, antecedentes fiscales y movimientos financieros del grupo familiar. Entre los puntos neurálgicos de la pesquisa figura la necesidad de respaldar el origen legal de unos 200.000 dólares invertidos en bitcoin, además de adquisiciones inmobiliarias y otros desembolsos registrados desde diciembre de 2023.
Mientras el juez federal Ariel Lijo debe resolver los planteos de acceso a la prueba solicitados por la defensa, el plazo perentorio para responder las preguntas formuladas por la fiscalía mantiene en vilo el futuro procesal del expediente.
