El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo analizan inconsistencias entre los ahorros declarados por el Jefe de Gabinete y sus recientes adquisiciones inmobiliarias y viajes de lujo.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó datos reveladores que complican la situación patrimonial del funcionario. Según la investigación judicial, los dólares declarados por Adorni al cierre de 2024 no alcanzarían para cubrir los gastos realizados en 2025, que incluyen propiedades en Caballito y un country, viajes al Caribe y deudas hipotecarias con prestamistas privados.
La fiscalía puso el foco en tres bloques de gastos. En el sector inmobiliario, se investiga la compra de una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, operaciones que habrían demandado desembolsos en efectivo por fuera de lo que el funcionario declaró tener como ahorros. Además, se analizan viajes familiares a Aruba, Nueva York y Punta del Este (este último en jet privado) por sumas que superan los 27.000 dólares.
Otro punto que llama la atención de los investigadores son las deudas activas. Adorni mantiene pasivos por 335.000 dólares con acreedoras particulares, entre ellas una jubilada y una afiliada al PAMI, cuyos perfiles no coinciden con la capacidad de prestar sumas de seis cifras en moneda extranjera. Con el secreto fiscal levantado, la Justicia busca determinar si el nivel de vida del Jefe de Gabinete se puede justificar con su salario público.
El avance de la causa marca un momento de máxima tensión para el vocero presidencial, justo antes de su informe de gestión previsto para esta semana en el Congreso.
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