Las transferencias para energía y transporte bajarán al 0,53% del PBI el próximo año, marcando el sexto período consecutivo de reducción. El plan oficial se apoya en la recomposición de precios mayoristas y una mayor focalización de la asistencia.
En el marco del proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional ratificó una nueva estrategia de reducción de subsidios energéticos y al transporte, con el objetivo central de que los usuarios pasen a cubrir más del 88% del costo real de abastecimiento energético durante el próximo año.
De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), las transferencias corrientes destinadas a subsidios energéticos y de transporte se contraerán del 0,64% del PBI registrado en 2026 al 0,53% el año próximo, lo que representa una baja de 0,11 puntos porcentuales y consolida el sexto año consecutivo de caída en el peso de estas partidas sobre el producto bruto interno. Medido en dólares, el gasto asociado a dichos subsidios retrocederá de US$5200 millones a US$4400 millones, impulsado principalmente por el recorte en las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El esquema proyectado para 2027 contempla tres pilares fundamentales: la recomposición del precio mayorista abonado por la demanda, la focalización de la ayuda a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) —que actualmente alcanza a 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de gas por red y 3 millones de hogares con garrafas— y la reducción del rol empresarial del Estado, que incluye el proceso de privatización de ENARSA. En este sentido, los usuarios residenciales sin subsidio afrontarán el 94,62% del costo, mientras que aquellos alcanzados por el régimen focalizado elevarán su cobertura al 64,27% frente al 25% que abonan en la actualidad. Como contraste, el informe señala que los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren en promedio el 54% de los costos, absorbiendo el Estado el 46% restante.
La iniciativa oficial busca cerrar de manera gradual la brecha entre los cuadros tarifarios y los costos reales del suministro energético en todo el país.
