La presentación realizada por la diputada Marcela Pagano apunta también contra los funcionarios que autorizaron los beneficios públicos
Las denuncias por presuntas irregularidades en el uso de los bienes del Estado y los privilegios de los exfuncionarios configuran uno de los ejes de mayor repercusión en la agenda institucional del país. Para los editores y cronistas que siguen de cerca la trastienda del poder político, documentar el destino de los recursos públicos y el accionar de la Justicia penal representa un paso fundamental para reconstruir las demandas de transparencia que exigen los lectores en la Región Metropolitana y en todo el escenario federal.
La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una grave denuncia penal contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusándolo de continuar usufructuando de manera irregular la custodia personal de la Policía Federal Argentina y el uso de automóviles oficiales destinados a su desplazamiento. La presentación judicial detalla que, tras la renuncia de Adorni a su cargo en la estructura del Poder Ejecutivo, cesó de manera automática cualquier tipo de título jurídico o asignación formal que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina exclusivamente a quienes ejercen activamente la función pública. El caso busca determinar las responsabilidades no solo del ex vocero, sino también del personal del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Gabinete que habría avalado la continuidad de estas prerrogativas en beneficio de un ciudadano particular en los principales centros institucionales.
La causa penal quedó radicada en los tribunales federales para dar inicio a las primeras medidas de prueba e investigación.
