Reempadronamiento obligatorio, fin del nomenclador y desregulación del sistema de salud. La iniciativa endurece los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas.
El Gobierno nacional busca dar un giro de 180 grados en la política de discapacidad con un nuevo texto legal enviado al Senado. Bajo el argumento de combatir el fraude, el proyecto propone fiscalizaciones cruzadas entre ANSES, ARCA y otros organismos, permitiendo suspensiones «preventivas» ante cualquier inconsistencia detectada en los datos de los beneficiarios.
La propuesta implica un fuerte cambio en el financiamiento, ya que autoriza convenios directos entre Nación y Provincias, lo que virtualmente elimina el nomenclador que hoy garantiza aranceles homogéneos en las prestaciones. Asimismo, el proyecto suprime los incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad, eliminando programas de reconocimiento y promoción de inclusión laboral que estaban vigentes hasta ahora.
El debate en el Congreso se anticipa complejo, mientras organizaciones del sector denuncian que la medida busca reducir el gasto público a costa de los derechos adquiridos de la población más vulnerable.
Acerca del autor
