El organismo de control externo detectó fallas estructurales severas en el diseño y seguimiento de los planes habitacionales durante las gestiones de Macri y Fernández. La auditoría ya fue girada al Congreso y al Palacio de Hacienda tras la reforma del Estado.
Las auditorías sobre la ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura social e institucional representan un insumo crítico para evaluar la transparencia de las sucesivas administraciones estatales y el nivel de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Cuando las revisiones técnicas de los organismos de control exponen la falta de diagnósticos y planes estratégicos en áreas sensibles para los sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires y el territorio nacional, se abren fuertes debates parlamentarios en torno a las responsabilidades políticas de las carteras ministeriales intervinientes. Para las plataformas informativas dedicadas al análisis de la gestión pública y el control del Estado, desglosar estos dictámenes oficiales resulta un factor clave para comprender el manejo de los fondos nacionales.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta de manera directa al Congreso de la Nación, emitió un crítico documento en el que detectó profundas fallas estructurales en el diseño, la planificación y la posterior evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados en el país entre los años 2017 y 2022. El informe técnico concluye de forma tajante que el Estado nacional devengó un total exacto de 276.868 millones de pesos —cifra equivalente a unos 4.210 millones de dólares según el tipo de cambio oficial de cada período fiscal evaluado— en planes habitacionales que carecieron por completo de información de calidad para orientar las decisiones operativas, planes estratégicos formalizados y mecanismos de control internos que permitieran medir si los objetivos sociales efectivamente se alcanzaron. La investigación ya fue elevada de manera formal tanto al Poder Legislativo como al despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, debido a que todas las competencias que antiguamente ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda junto al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron completamente absorbidas por el Palacio de Hacienda tras la reorganización estatal dispuesta por la administración de Javier Milei, área que hoy funciona de manera específica bajo la órbita de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
Las conclusiones del relevamiento contable reavivaron los cruces de acusaciones entre los bloques legislativos de las principales fuerzas de la oposición y el oficialismo actual. El Congreso prevé convocar a las comisiones de vivienda y presupuesto durante el próximo período ordinario para analizar las derivaciones administrativas de este exhaustivo peritaje a las cuentas del Estado.
