La justicia porteña ratificó el procesamiento penal dictado contra la exfiscal de instrucción por su accionar durante las primeras pericias realizadas en el departamento de Puerto Madero. El tribunal de alzada determinó que la falta de preservación del lugar de los hechos impidió una adecuada recolección de las evidencias criminalísticas, configurando una alteración del escenario que afectó irremediablemente el resguardo de los distintos elementos probatorios recolectados.
Los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah acreditaron mediante su fallo la circulación de decenas de personas sin equipamiento de protección dentro del inmueble, sumado a la omisión sistemática de recolectar evidencias en tiempo oportuno. La resolución judicial sostiene que la funcionaria actuó de manera voluntaria para excluir cualquier indicio que pudiera llegar a contradecir su propia conjetura inicial sobre el trágico desenlace del fiscal.
La medida confirmada había sido dispuesta en mayo pasado por el juez Julián Ercolini a instancias del fiscal Eduardo Taiano, encuadrando el caso bajo el artículo 245 del Código Penal que contempla penas de hasta cuatro años de prisión. Aunque los camaristas descartaron la figura del encubrimiento agravado contra la magistrada jubilada, ordenaron acelerar los tiempos procesales para definir la situación legal del resto de los funcionarios que estuvieron presentes durante ese fin de semana de enero.
