La propuesta legislativa busca reformar el Código de Defensa de los Consumidores bonaerense, permitiendo que las autoridades fijen planes de pago cuando no haya acuerdo con los bancos.
Con el fin de mitigar el impacto del ahogo financiero que sufren miles de hogares, la Cámara de Diputados provincial analiza una iniciativa para declarar el sobreendeudamiento como un problema de carácter estructural. El proyecto, presentado por Ana Luz Balor, propone mecanismos de reestructuración que priorizan la capacidad real de pago de los deudores frente a las exigencias del mercado.
La reforma apunta directamente a la Ley 13.133, integrando herramientas que permiten al Estado actuar como mediador y decisor en conflictos financieros. Según el texto, la autoridad de aplicación tendrá la potestad de establecer condiciones de cancelación de deuda incluso si las entidades bancarias se niegan a negociar. Para esto, se evaluará el origen de los fondos solicitados y si el prestamista cumplió con las normas de crédito responsable antes de otorgar el dinero.La medida surge como una respuesta a la crisis económica actual, donde muchas familias se ven obligadas a tomar nuevos préstamos para cubrir gastos básicos, entrando en un círculo vicioso de morosidad.
La iniciativa busca que el consumo básico no se vea comprometido por los intereses financieros, otorgando un marco legal de protección que hoy es inexistente en el ámbito administrativo provincial.
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