Las auditorías permanentes detectaron cobros indebidos, clínicas en condiciones edilicias deficientes y facturación de prácticas inexistentes. El organismo que conduce Esteban Leguízamo ya radicó dos denuncias penales por corrupción.
Un verdadero cimbronazo sacude la estructura de la mayor obra social de América Latina tras la difusión de un pormenorizado reporte de fiscalización interna. Con el objetivo declarado de transparentar el destino de los fondos públicos y erradicar los nichos de corrupción corporativa que atentan contra la calidad de vida de la clase pasiva, las autoridades nacionales dispusieron la cancelación masiva de contratos con centros de atención médica que presentaban severas anomalías operativas.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el territorio nacional por graves irregularidades estructurales. La medida fue oficializada a través de un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Las investigaciones arrojaron evidencias de cobros indebidos, facturación de prestaciones que nunca se realizaron y establecimientos que no reunían los protocolos mínimos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado”, señalaron desde la obra social al justificar las rescisiones.
Las inspecciones continuarán en las próximas semanas sobre los centros de diagnóstico por imágenes ubicados en la zona norte bonaerense.
