La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora dejó sin efecto la cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual. Diversos dirigentes políticos respaldaron la decisión judicial y cuestionaron duramente a la magistrada.
La Justicia bonaerense revocó este martes la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, desatando un fuerte respaldo político por parte de referentes nacionales y provinciales que cuestionaron el accionar previo de la jueza Marta Elba Pascual.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi, quienes consideraron que la magistrada incurrió en una intromisión indebida sobre las facultades del Poder Legislativo al frenar de manera general una ley nacional sancionada por el Congreso. Asimismo, el tribunal señaló que una medida cautelar no puede suspender una norma completa a partir de supuestos abstractos si no existe un perjuicio concreto y actual sobre un adolescente determinado.
La resolución judicial fue celebrada efusivamente por la senadora Patricia Bullrich, quien expresó a través de sus redes sociales: «Un poco de coherencia. Pararon a la jueza prodelincuentes», añadiendo que frente a los problemas de seguridad en territorio bonaerense la Justicia debe velar por que «el que las hace, las tiene que pagar». En la misma línea se pronunció la diputada Carolina Píparo, quien exigió la destitución de la jueza y de aquellos que apañen la delincuencia, mientras que Silvana Giudici remarcó que una jueza garantista no puede frenar una ley votada por el Congreso y le exigió al gobernador Axel Kicillof que cumpla con lo estipulado. Pese a revocar la suspensión de la Ley 27.801, la Cámara aclaró que no minimiza las condiciones de encierro de los jóvenes privados de su libertad, exhortando a la administración provincial a proveer los recursos necesarios y disponiendo que sea el juez natural de cada menor el encargado de intervenir ante cualquier afectación de sus derechos.
De este modo, la Justicia ratifica la plena vigencia de la normativa penal juvenil en la provincia, abriendo un nuevo capítulo en el debate político sobre seguridad y el accionar judicial.
