La iniciativa offshore impulsada en el Atlántico Sur por firmas extranjeras prevé inversiones millonarias y la extracción masiva de crudo. El presidente Javier Milei advirtió que la Argentina no se quedará de brazos cruzados.
El proyecto petrolero Sea Lion se convirtió en el centro de la escena política y geopolítica tras la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei denunció que grupos privados extranjeros avanzan en la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma marítima argentina sin la debida autorización soberana.
Ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, el yacimiento offshore es desarrollado de manera conjunta por dos compañías de exploración y producción de mediana escala: la israelí Navitas Petroleum —que posee el 65% de la licencia y asumió la operación del área tras adquirirla de manos de Harbour Energy— y la británica Rockhopper Exploration. El plan inicial contempla una inversión estimada en US$1800 millones para su primera etapa, con un esquema de financiamiento que incluye unos US$1000 millones de deuda senior, apuntando a alcanzar la extracción de las primeras reservas de crudo hacia fines de la década.
La magnitud del emprendimiento generó una fuerte reacción del Ejecutivo nacional debido al riesgo concreto de apropiación de recursos naturales en una zona disputada. Mientras las empresas involucradas han dado pasos firmes para avanzar con la infraestructura y la contratación de unidades flotantes de producción, la administración central endureció su postura legal y económica. Con el reciente envío de normativas y proyectos al Congreso, el Gobierno busca castigar a las compañías infractoras e impedirles operar en suelo argentino, diferenciando esta ofensiva de la postura de las grandes multinacionales globales que evitan asumir costos legales ante el conflicto de soberanía.
De este modo, Sea Lion encabeza las preocupaciones estratégicas del Estado nacional frente a la explotación inconsulta de los recursos en el Atlántico Sur.
