La tradicional firma fundada en 1948 inició el proceso judicial ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 tras verse afectada por la paralización de la obra pública y la caída de ingresos. Busca ordenar sus compromisos financieros con más de 800 acreedores.
Las reconfiguraciones financieras y los pedidos de presentaciones en concurso por parte de las corporaciones más tradicionales del entramado constructivo local constituyen indicadores de enorme relevancia analítica para medir la temperatura del empleo y la inversión en la provincia de Buenos Aires y el resto del territorio nacional. Cuando firmas de trayectoria familiar y peso específico en la obra pública ingresan a los tribunales comerciales para renegociar sus pasivos, se encienden de inmediato las alarmas en las cadenas de proveedores y los efectores logísticos que dependen de los grandes proyectos de infraestructura. Para las plataformas digitales orientadas al seguimiento pormenorizado de la macroeconomía, el mercado corporativo y el pulso judicial, desglosar este escenario resulta un factor clave para comprender el retroceso de la actividad industrial.
La tradicional constructora Esuco, una de las firmas con mayor arraigo dentro del sector de infraestructura en la Argentina, inició de manera formal un proceso de concurso preventivo bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Comercial N°28, con el propósito de ordenar sus balances y establecer un canal oficial de negociación con una nómina que supera los 800 acreedores. La centenaria compañía llegó a esta crítica instancia judicial arrastrada por un complejo combo de factores económicos adversos, entre los que se destacan el freno total de la obra pública nacional, el desplome en el llamado a nuevas licitaciones, el incremento sostenido de los insumos, el encarecimiento del crédito bancario y un puntual diferendo contractual con Energía Argentina (Enarsa) en torno a obras clave para el sistema de redes energéticas. Según se desprende de la documentación oficial presentada ante las autoridades judiciales, la empresa comandada históricamente por Carlos Wagner reportó pérdidas por la suma de $6.206 millones de pesos durante el ejercicio correspondiente a 2024, período en el cual sus ingresos reales sufrieron una contracción neta del 23,7%. Este agudo declive operativo golpeó de lleno la sustentabilidad del gigante de la construcción, forzando una drástica reducción de personal que se tradujo en una alarmante sangría para su plantilla técnica, la cual se contrajo de forma estrepitosa al pasar de los 397 operarios registrados en junio de 2025 a contar con una dotación mínima de apenas 70 empleados activos hacia el mes de abril de 2026, completando una parálisis que superó el 80% de sus trabajadores.
El concurso preventivo le otorgará a la compañía el paraguas legal necesario para intentar mantenerse operativa mientras diseña una propuesta de pago sustentable para su masa de acreedores. El desenlace de este expediente judicial marcará un precedente testigo para otras medianas y grandes empresas del rubro que atraviesan dificultades financieras similares.
